J.L. Vidal Coy
@VidalCoy
Al consejero Luis Alberto Marín lo ha elevado Alberto Núñez Feijóo al Olimpo de la dirección nacional del PP como nuevo secretario ejecutivo de Economía y unas cuantas cosas más debido a las políticas por él aplicadas, bajo órdenes directas del baranda López Miras, «basadas en las bajadas de impuestos» entre otros méritos y si hemos de creer al secretario general de los populares regionales, José Miguel Luengo.
Viniendo la apreciación de quien viene, no hay otra que darla por cierta y entender que el PP sigue en su batalla por disminuir los impuestos que pagan ciudadanos y empresas para que, supuestamente, haya más dinero en movimiento que cree riqueza y empleo y mantenga el Estado del Bienestar. El mantra imposible del neoliberalismo, como ya demostraron en su día Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Es decir, la misma receta formulada por Aznar y que más tarde aplicó a rajatabla el sucesor Rajoy tras la crisis provocada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
El caso es que, mientras se cantan las excelencias de la bajada de impuestos en los territorios que domina el PP, especialmente en Galicia, Madrid y Murcia, se ve paralelamente un incremento exponencial de las protestas en los sectores sobre los que, teóricamente, se basa el Estado del Bienestar y que son los primeros y primordiales sufridores de una falta de financiación sangrante.
No hay que hacer recuento. Basta con estar medianamente atento para constatar que no solo protestan todos los estamentos que componen el sector sanitario; también lo hacen los que forman el de la Enseñanza; y, cómo no, a ellos se suma el personal de los servicios sociales. Y también los usuarios de esos servicios.
Cada uno por su lado y no necesariamente coordinados, alzan su voz médicos, enfermeros, docentes, ciudadores sociales… Coinciden en algo: la situación de sus respectivos sectores no solo no se recupera de los recortes presupuestarios de Rajoy, aplicados disciplinadamente por los ejecutivos populares autonómicos, sino que además la falta de dotación económica sigue siendo progresiva y continúa afectando a la calidad y eficiencia de los servicios que se prestan.
El (pen)último en alzar la voz ha sido el nada sospechoso sindicato médico CESM que alerta de que la gran escasez de facultativos de urgencias hace «peligrar la calidad de la asistencia, la seguridad de los pacientes y la salud de los profesionales». Antes, y reiteradamente, se oyeron protestas similares de sindicatos de sanitarios de todo nivel, colegios profesionales y trabajadores de la enseñanza y de servicios sociales por los mismos motivos.
Con la consagración de Marín como secundario en la dirección nacional del PP, López Miras cree ver refrendada, si seguimos al ínclito Luengo, su política neoliberal de bajadas de impuestos para que Murcia siga escalando niveles a pasos agigantados en las listas estatales comparativas de calidad en servicios sanitarios, asistenciales y de enseñanza.
El optimismo al respecto del secretario regional Luengo no tiene límites pues está convencido de que Feijóo tomará como ejemplo a Murcia «para desplegar su política económica en toda España». Si es así, el señor nos pille confesaos. Porque de abordar una reforma fiscal que haga más progresivo el sistema para que los opulentos paguen más, de eso no se quiere ni oír hablar en el PP. El resultado está siendo ya que el Estado del Bienestar —esa antigualla, dicen algunos— se va al garete y solo los más ricos podrán pagar servicios cuya privatización se procura a marchas forzadas, mientras el IVA lo pagan todos los ciudadanos por igual. Y esto con una presión fiscal diez puntos inferior a la de países de ‘nuestro entorno’ más próximo. Así que, aunque se diga lo contrario, parece que lo que se persigue es destruir el sistema de atención pública, privatizándolo.