J.L. Vidal Coy
20·02·22
Sobre la innegable y salvaje destrucción masiva del patrimonio arquitectónico y cultural de la Región de Murcia han llegado novedades que reafirman la idea de que ‘las piedras históricas’ han sucumbido casi totalmente a los embates de la modernidad mal entendida, la especulación urbanística y también de unos cuantos listos que hacen de su capa un sayo con las leyes y las normas. Si el arrasamiento de edificios históricos no hubiera sido de tamaño calibre como el que ha registrado en la CARM, podría ser una buena noticia la sentencia firme y definitiva sobre El Corralazo, que obliga a la UCAM a reconstruir un edificio del siglo XVI que los designios del cardenal Mendoza hicieron demoler en 2011 y que hará que además esa institución ‘cultural’ tenga que abonar una multa de 126.442 euros.
La sentencia no viene a ser sino una gota en el mar de incertidumbre que rodea al patrimonio arquitectónico regional. La situación actual hace pensar que no han servido para nada los ríos de tinta que se vierten desde hace décadas citando la demolición de los famosísimos Baños árabes de la calle Madre de Dios, ejecutada con premeditación y alevosía para facilitar la apertura de la Gran Vía de José Antonio. A partir de ahí, la historia física encarnada en edificios notables fue cayendo como castillo de naipes al pozo sin fondo del magno vertedero cultural de la Región.
A poco conscientes del valor de los edificios históricos que fueran los genéricamente llamados murcianos, el episodio de los Baños habría sido suficiente para que, al menos en el actual periodo democrático, se hubiera tomado conciencia y decidido la necesidad de conservar la arquitectura tradicional, cosa que hubiera mantenido en ciudades y pueblos un aspecto distinto y, por supuesto, mucho mejor que el actual: marmolillo, cristaleras, aluminio, hormigón… horripilante estética digna de lugares sin pasado, o sin capacidad para mantenerlo ni vergüenza para destruirlo impune y/o irresponsablemente.
Eso muestra el caso de la UCAM, pues contó con la aquiescencia del Ayuntamiento del alcalde Cámara para arrasar en vez de restaurar un edificio del XVI. Fueron las denuncias de Huermur, como en tantas otras cosas, las que alertaron forzosamente a la Consejería de Cultura, dirigida entonces por la ahora alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, para que tomara esas cartas en el asunto que han terminado imponiendo a la UCAM la pena referida.
Entretanto, la aniquilación sin cuento ha proseguido impertérrita e inmisericorde, en los tiempos de Franco y en los de la Constitución del 78, como enseñó hace unos meses un opúsculo del historiador Ricardo Montes. Hay citar que se podría señalar como el hito desde el que empezó la destrucción en el derribo del Palacio de los Vélez para empezar a abrir el Paseo de Alfonso X, ejecutada con el alcalde socialista Fernando Piñuela, posteriormente ejecutado a su vez por la Dictadura, aunque no por el derribo obviamente.
La mayor responsabilidad de la eliminación de tantos y tantos edificios históricos, por desidia o premeditadamente, la tienen el franquismo, en su época, y los gobiernos autonómicos y municipales murcianos, dominados muy mayoritariamente y durante muchos años por el Partido Popular. Aunque unos pocos del PSOE no son de los que podrían tirar la primera piedra.