J. L. Vidal Coy
03·04·22
Uno de los principios que los gobernantes occidentales dicen defender es el mantenimiento del estado del bienestar. Uno de sus pilares es la sanidad pública, cosa que no necesita de muchas explicaciones. Pero hete aquí que en la Región de Murcia está cada vez más en duda que ese axioma pretenda ser cumplido por las autoridades, visto el grado de deterioro y el consecuente cabreo casi generalizado que provoca entre los ciudadanos y profesionales. Especial degradación sufre la Atención Primaria, clave para que el contribuyente se sienta medianamente atendido por un sistema sanitario que paga con sus impuestos.
Los datos son elocuentes. Un reciente informe del Ministerio de Sanidad recoge que uno de cada tres médicos de familia supera los 50 años y, derivadamente, se acerca rápido a la jubilación. Sindicatos y profesionales coinciden en que el ritmo de reposición de plazas del Servicio Murciano de Salud es totalmente insuficiente y que, progresivamente, hay un déficit creciente de esos facultativos a quienes primero acude un enfermo.
Eso existe desde hace años, constatan los sindicatos, lo que redunda en un estrés laboral superlativo para médicos y enfermeros de familia, agravado por la pandemia aún presente: números inmanejables de usuarios a los que atender; horarios prolongados; afluencia desmesurada a urgencias extrahospitalarias; tensiones provocadas por esas disfunciones del sistema, precariedad laboral insultante…
Cualquier sanitario en cualquier Centro de Salud de Murcia puede contar verdaderas maravillas por las que ha de pasar a diario, derivadas de esas fallas del sistema, favorecidas por la falta de respuesta ante las viejas deficiencias de la atención primaria en la Región de Murcia.
La crisis en los servicios públicos de la Gran Recesión a partir de 2009 todavía pesa en el sistema sanitario por una razón muy sencilla: las autoridades regionales, que tienen las competencias de Sanidad transferidas desde 2003, no han sido capaces de revertirla presupuestariamente. Así, los recortes salvajes decretados por el Partido Popular de Mariano Rajoy haciendo uso de su mayoría absoluta aún siguen muy presentes y sin visos de ser equilibrados.
La asociación Marea Blanca murciana sostiene que el presupuesto para Atención Primaria en 2022 es 25,6 millones de euros menor que el gasto real del ejercicio 2019, mientras que los murcianos con derecho a ser atendidos en ella creció en casi 25.000. Más: la inversión pública por habitante es actualmente en la Región de 1.433 euros, bastante abajo de la media estatal de 1.679. Para 2022 no se han consignado cantidades extra para bajar la media de 1.451 habitantes por cada médico de familia y de 1.733 por cada enfermero.
La reacción del SMS a esas carencias es la de esgrimir unos números de nuevas incorporaciones de personal sanitario a todas luces insuficientes para paliar los déficits ya existentes: palicos y cañicas, pero sin andamiaje sólido para apuntalar, primero, y rehabilitar, después, el primer escalón de la Sanidad Pública. Que se cae a pedazos.
Por esas y por otras muchas razones (desgranarlas pormenorizadamente daría de sobra para una meritoria tesis doctoral) el sector sanitario está permanentemente agitado, con manifestaciones, concentraciones, protestas, escritos, críticas a los responsables del SMS y cabreo generalizado ante la ausencia de reacción oficial efectiva. Naturalmente, las deficiencias que sufren los profesionales sanitarios redundan automática y directamente en los usuarios de la Sanidad pública, cuyo estado de desesperanza y enfado es también manifiesto.
Se ha demostrado por activa y por pasiva que es falso el manido argumento oficial de que el problema de fondo es el mal reparto de la financiación estatal. Bastaría con desmontar algunos chiringuitos que detraen recursos, reordenarlos racional y eficientemente y destinarlos a Sanidad para mejorarla. El problema es que la misma reivindicación se podría esgrimir desde la Enseñanza pública, los servicios sociales, la dependencia… Así estamos y así vamos.