J. L. Vidal Coy
03·07·22
La historia de los intentos de remodelación de La Paz es la de una serie de decepciones para vecinos y propietarios del barrio y la escenificación de numeritos fantásticos con promesas de paraíso terrenal en la tierra, arquitecto superfamoso incluido, que no esconden sino especulación y ambición desmedida junto a ingenuidad y dejación oficial de funciones.
La experiencia de las dos décadas pasadas con respecto a esa zona de Murcia camino de convertirse en gueto (si no es ya) demuestra que las administraciones públicas, en este caso Ayuntamiento y Comunidad Autónoma, no pueden dejar en manos privadas la gestión de bienes que afectan a la calidad y a la esperanza de mejora de vida de cientos de vecinos. Máxime si el área en cuestión está habitada por gentes de bajo poder adquisitivo y condiciones vitales de precariedad a todos los niveles.
Los sucesivos gobiernos del alcalde Cámara dejaron en manos del promotor López Rejas la solución, sin que algunos lustros después se atisbe salida alguna. Ha habido promesas a tutiplén, reuniones aclamatorias del benefactor, protestas contra los obstáculos municipales… También compraventa espuria de pisos, acumulación de propiedad horizontal para especular con pingües beneficios del plan auspiciado por el prócer de la construcción. Y, sobre todo, dejación de funciones por el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, responsables de la gestión del común municipal y propietaria de inmuebles, respectivamente.
El resultado a la vista está. El benefactor vuelve a la carga con el beneplácito de unos cuantos vecinos/propietarios que creen la promesa de cambiarles pisos de 40 metros por otros de 90 a coste cero. Por lo menos la Corporación social-centrista actual ha dejado ver esta vez que considera el proyecto ‘especulativo’. Algo se ha avanzado con respecto a la era PP/Cámara, que apoyaba sin ambages la supuesta conversión en paraíso terrenal del barrio, lavándose las manos más o menos descaradamente de cómo se haría.
El problema se plantea ahorita en los mismos términos que cuando se empezó a especular con el asunto hace alrededor de veinte años. Ni el promotor López Rejas está dispuesto a avalar los nueve millones de euros necesarios para hacerse con el control de la Junta de Compensación; ni Ayuntamiento y Consejería de Fomento parecen dispuestos a aunar esfuerzos y apostar por gestionar públicamente el ‘rescate’ del barrio y la población de La Paz.
Parece ser que los cuentos de la lechera ensoñados sobre el barrio no han acabado aún con el tarro roto como mandan los cánones, puesto que, inasequible al desaliento e impasible el ademán, el promotor/benefactor vuelve a insistir en su proyecto después de haberse ausentado y casi desaparecido durante algunos años. El sabrá por qué.
Ni por esas, también parece, que las administraciones públicas concernidas (Ayuntamiento y Comunidad Autónoma) estén dispuestas a reaccionar de una vez mientras la podredumbre se va haciendo endémica en la zona y sus vecinos siguen condenados a irse del barrio si quieren aspirar a vivir mejor. Falta que puedan, por cierto, ya que muchos de ellos están anclados en la cuasi marginalidad si las instituciones no colaboran para sacarlos de ella.
Esa debería ser una de las tareas primordiales del cualquier gestor del municipio de Murcia y de la Comunidad Autónoma: eliminar esa bolsa de deterioro social del mismo centro de la capital de la Región. Aunque solo fuera por los votos. Pero siendo las administraciones de distinto signo la colaboración se antoja imposible. Quizá si el PSOE mantuviera el bastón de mando en La Glorieta la próxima legislatura cambiaría algo. No hay prueba previa de ello, no obstante. En cualquier caso, queda claro que con el PP en el poder cualquier plan que no sea privado está fuera de lugar. A mayor gloria y beneficio de…. Los vecinos no, desde luego.