25·09·22
Un océano de tinta, sonidos e imágenes ha empezado a fluir dándole vueltas y más vueltas al posible indulto del Gobierno a José Antonio Griñán. Frente a la relativa contención del PP sobre el tema, destaca la insistencia de los que están más a la derecha en rasgarse las vestiduras. Anticipan así la que será sin duda su reacción previsible si en algún momento llega a concretarse la medida de gracia.
Ese instrumento de perdón parcial es potestativo, lo que infiere un carácter de discrecionalidad casi absoluto al asunto. (Otros hablan de ‘arbitrariedad’, en el mejor sentido). Siempre que la decisión del Ejecutivo se enmarque en parámetros que delimitan lo razonable, lo jurídicamente aceptable. Ahora bien, está claro que ambas pautas son vistas de muy diferente manera, dependiendo desde donde se mire. La ideología manda.
El indulto supone solo suprimir el cumplimiento de la pena de prisión impuesta al condenado. No implica ni una revisión de la sentencia ni una declaración de inocencia. Es una facultad que otorga el artículo 62 de la Constitución al Rey, a propuesta del Consejo de Ministros. También está fijado en otras cartas magnas de nuestro entorno: Alemania, Bélgica, EE UU, Francia, Italia y Reino Unido.
Esa ‘arbitrariedad’ en manos del Gobierno de turno implica, si el graciado es político, que al indulto concedido siguen las protestas más o menos estentóreas de los partidos de oposición. Y especialmente ruidosa si la condena es por ‘delitos relacionados con la corrupción’, como es el caso de Griñán.
Más aún en un asunto como el de los ERES fraudulentos de Andalucía, caballo de batalla de la derecha como lo es para la izquierda la triple condena al PP por Gürtel. Evidente, por tanto, que esas gracias a políticos otorgadas por el Rey pueden causar y causan enorme polémica. Queda progresivamente claro que quienes parecen estar dispuestas a hacer más ruido sobre Griñán son la extrema derecha mediática y política.
La razón es simple: son vírgenes de responsabilidad, la primera, y de gobierno, la segunda. Quiere esto decir que tienen más bien ningún muerto enterrado en el jardín o guardado en el armario, como sí lo tienen, y numerosos, los dos partidos que han gobernado desde 1978, cuando quedó aprobada en la Constitución una medida plasmada en una ley de 1870, sobre la que, a cada polémica, todo el mundo cae en que hay que reformarla. Pero luego, fuese y no hubo nada. Hasta la próxima.
Como refleja CIV10, Ong que vela por la transparencia de los poderes públicos, desde 1996 se han concedido 231 indultos por corrupción. El de Griñán sería el siguiente. Aznar elevó al Rey 139. Zapatero, 62. Rajoy, 16. Y Sánchez, en cuatro años de gobierno, otros tantos: a los cuatro líderes del ‘procés’, condenados por malversación, prevaricación y sedición. Aznar concedía de media casi 18 indultos a ‘corruptos’ al año; Zapatero, 8; y Rajoy, 2,6. La de Sánchez es fácil. Se viene diciendo desde agosto que el indulto a Griñán estaría ‘cantado’ por el precedente de los perdones a los independentistas catalanes, con delitos más graves y numerosos que los del expresidente de Andalucía.
Los dos votos particulares contra la pena de seis años en la sentencia del Supremo juegan a favor de la concesión del indulto al expresidente socialista andaluz. Sea como sea, lo que importa es alimentar la polémica y utilizar la gracia como arma arrojadiza contra el otro lado. Se trata de hacer ruido. Se seguirá haciendo mientras, como piden algunos juristas, no se reforme la ley de 1870. Entretanto, seguirá habiendo polémicas oportunistas. Y el Gobierno que ose plantear la reforma de la norma decimonónica será blanco seguro de diatribas y frémitos interesados. Porque probablemente se le acusará de buscar liberar a alguno de sus conmilitones condenado a prisión.